LAS ESCUELAS NO SON CUARTELES

El punitivismo no es una política de salud mental

El 27 de marzo de 2026, a las 10:30 de la mañana, una inspectora dejó este mundo en el establecimiento educacional en el cual trabajaba, donde literalmente dio su vida. Lugar que por definición debió ser un lugar seguro. Tenía 59 años. Y su muerte no se puede reducir simplemente a un hecho policial.
Porque además existe otra verdad incómoda, y que esta columna quiere sostener: le fallamos también a quien tomó ese día el cuchillo.

No lo digo para relativizar el horror de un crimen. Lo digo porque si no somos capaces de mirarlo de frente, vamos a seguir poniendo detectores de metales en las puertas y llamándolo política pública.

A los días siguientes del crimen se detonó una cascada de violencia a lo largo del país en los establecimientos educacionales. En Curicó, un alumno de 15 años fue retenido cuando intentó ingresar un arma de fuego. En Santiago, estudiantes arrojaron bombas caseras dentro de un liceo. Múltiples establecimientos suspendieron clases ante amenazas de tiroteos. Las denuncias por violencia en la convivencia escolar se duplicaron: de 8.811 registradas en 2019 a 17.076 en 2025. Un 76% de la población considera que la violencia escolar ha aumentado, y solo un 36,6% percibe los establecimientos como espacios seguros.

Entonces, cuando se dice que no se veía venir, basta con mirar las cifras y los gritos de auxilio silenciados por nuestra sociedad por años, debido a las grandes brechas de desigualdad que conviven en nuestro país. Pese a los esfuerzos de los gobiernos anteriores, la salud mental y la igualdad son una deuda, aún, muy grande en Chile.

Lo más preocupante es que este gobierno presente al Congreso la Ley Escuelas Protegidas: revisión de mochilas, mayor vigilancia, y la medida más regresiva de todas: privar de la gratuidad en la educación superior a estudiantes condenados por delitos graves, norma que afectaría de manera desproporcionada a jóvenes de sectores vulnerables y les negaría la posibilidad de reinserción social y de enmendar su vida.

Es decir: en vez de responder a una crisis de salud mental infanto-juvenil con prevención, atención oportuna y herramientas reales para las comunidades escolares — un plan integral — el gobierno responde con castigo. Y el castigo recae, una vez más, sobre los más vulnerables.
El agresor de Calama tenía 18 años. Era neurodivergente. Presentaba diagnósticos de trastorno del espectro autista, depresión mayor y cuadro ansioso-depresivo. Había planificado el ataque durante meses. Y en todos esos meses, ningún sistema lo vio. O si lo vio, no tuvo las herramientas para actuar a tiempo.

Eso no es una casualidad. Es el resultado de una política de abandono sostenida en el tiempo.
Calama tiene el mayor PIB per cápita del país, por su actividad minera. Sin embargo, no había ningún especialista en salud mental infanto-juvenil en la ciudad. Y esto, lamentablemente, no es una excepción. Es una regla.

De acuerdo con UNICEF, un porcentaje significativo de niños, niñas y adolescentes en Chile presenta síntomas de ansiedad, depresión y estrés asociados a precariedad económica, violencia intrafamiliar y presión académica. Un 39% señala que el maltrato escolar genera miedo a asistir a clases. Un 10% vincula estas experiencias con ideación suicida.

Estamos frente a una generación que grita que algo no está bien. Con violencia, con silencio, con ausencia, con rabia. Y les respondemos con revisión de mochilas. Con represión. Con castigo.
Como señaló la directora de Pedagogía de la Universidad Alberto Hurtado tras el ataque en Calama, un testimonio lo resumió con crudeza: “Se fijan más en los aros o piercings, pero no en situaciones más graves.” La tendencia a controlar lo estético, lo normativo, lo visible; mientras el sufrimiento, el aislamiento y la desesperanza permanecen fuera de foco.
Eso es exactamente lo que hace la Ley Escuelas Protegidas. Controla lo visible. Ignora lo profundo, lo que duele.

Como sociedad no solo le fallamos a una inspectora que merecía que se hubiera actuado antes. Le fallamos a los estudiantes heridos ese día. Pero también le fallamos a un joven neurodivergente que no recibió el tratamiento ni el acompañamiento que necesitaba ni él ni su familia ni su comunidad escolar. Ese fracaso no absuelve su responsabilidad. Pero sí dice algo concreto sobre la nuestra.

Lo que Chile necesita NO es convertir las escuelas en cuarteles. Necesita invertir en salud mental con la misma urgencia con que invierte en infraestructura. Necesita equipos psicosociales reales, con condiciones reales para trabajar. Necesita protocolos de detección temprana que funcionen. Necesita coordinación real entre educación, salud, desarrollo social y justicia.

Pero sobre todo necesita recuperar la educación cívica como herramienta de construcción democrática. La construcción colectiva de comunidades que sostengan a sus jóvenes, a todos sus jóvenes, especialmente a los más difíciles; antes de que la crisis escale hasta el punto en que ya no haya forma de revertirla.

Como sociedad debemos cerrar esa grieta. Y cerrarla requiere decisión política y recursos concretos. No más discursos de autoridad que duran lo que dura un ciclo noticioso. No más leyes que maquillen el problema, criminalicen la pobreza y le llamen a eso seguridad.

Las víctimas y los victimarios de las comunidades escolares merecían una sociedad que hubiera actuado a tiempo. Las niñeces y la juventud de hoy merecen que actuemos ahora.

Claudia Barahona Chang es comunicadora estratégica, integrante de la Comisión Política y del Comité Central del Partido Socialista de Chile.