La tragedia en Torres del Paine y el debate pendiente sobre el voto electrónico

La reciente tragedia ocurrida en el circuito “O” del Parque Nacional Torres del Paine —donde cinco turistas perdieron la vida el 17 de noviembre de 2025— abrió un debate inesperado pero necesario: ¿cómo las obligaciones del voto obligatorio impactan en servicios públicos esenciales, especialmente en lugares aislados?

Según informó la Fiscalía tras tomar declaración al director regional de Conaf, los guardaparques que debían estar en el punto de control del circuito “O” no se encontraban en sus puestos porque estaban cumpliendo con la obligación legal de votar. Esa ausencia, que dejó sin supervisión una zona de alta complejidad geográfica y meteorológica, habría influido en la decisión de los turistas de iniciar su travesía por cuenta propia, con el desenlace ya conocido.

Si bien la responsabilidad final recae en múltiples factores —incluyendo la imprudencia de los excursionistas al ingresar sin autorización ni acompañamiento— el caso evidenció una falla estructural: el sistema electoral no considera adecuadamente las realidades laborales de funcionarios que trabajan en zonas apartadas, cuya presencia es vital para la seguridad de miles de visitantes.

Tras la tragedia, el Servel habilitó mecanismos de justificación de inasistencia para los guardaparques que prestan servicios en áreas aisladas o a más de 200 kilómetros de sus locales de votación. Conaf, por su parte, implementó un plan de “presencia policial adelantada” que permite a Carabineros mantener vigilancia continua en el sector Dickson desde diciembre, evitando dejar tramos críticos sin supervisión durante los comicios.

Estas medidas buscan que no vuelva a repetirse una situación similar en la segunda vuelta presidencial del 14 de diciembre de 2025. Sin embargo, el episodio dejó en evidencia una discusión que Chile lleva postergando por años: la modernización del sistema electoral.

El debate sobre el voto electrónico reaparece con fuerza. No se trata de una utopía, sino de una posibilidad concreta que podría facilitar el ejercicio del derecho a sufragio a personas con discapacidad, adultos mayores, chilenos en el extranjero y funcionarios que trabajan en regiones extremas o zonas aisladas. Países con condiciones geográficas tan complejas como las nuestras ya lo han implementado con estándares de seguridad de nivel internacional.

Contar con un sistema de votación moderno no solo mejoraría la participación y accesibilidad: también evitaría que servicios esenciales queden desprotegidos durante los procesos electorales, como ocurrió en Torres del Paine.

La tragedia, dolorosa e irreparable, debe al menos servir para impulsar una mirada de futuro. El voto electrónico no resolverá todos los problemas, pero sí permitirá que Chile avance hacia un sistema más inclusivo, seguro y compatible con su propia realidad territorial. Lo que ocurrió en Torres del Paine no puede repetirse, y parte de evitarlo depende de decisiones legislativas que el país no puede seguir postergando.