La Odisea de los Chilenos en España para Ejercer su Derecho Ciudadano 

Escribe David Eleazar Ramírez Carmona 

Un viaje interminable, un voto lejano para ejercer la democracia. En pleno siglo XXI, cuando hablamos   de democracia, inclusión y derechos ciudadanos, pareciera inconcebible que aún existan barreras físicas, económicas y emocionales tan grandes para algo tan básico como ejercer el derecho a voto. Sin embargo, esa es la realidad que viven miles de chilenos y chilenas residentes en España. 

El ejemplo más claro lo encontramos en la Costa del Sol. En ciudades como Manilva, para llegar a un centro de votación oficial en Madrid, Barcelona o Valencia, hay que recorrer ocho a diez horas en autobús. No hablamos de un viaje turístico, hablamos de una travesía costosa y desgastante cuyo único   propósito es cumplir con el deber cívico de sufragar. Traslados interminables, permisos laborales que pedir, noches enteras viajando, gastos en alojamiento, taxis y billetes de ida y vuelta. Un ejercicio de resistencia que termina costando más que lo que muchos bolsillos pueden soportar. 

El impacto no es solo económico. 

El desgaste físico y emocional golpea especialmente a los adultos mayores y personas con Diversidad Funcional (Discapacidad), quienes se ven obligados a enfrentar largos trayectos y dificultades de movilidad. Muchos terminan renunciando a votar porque las condiciones se vuelven simplemente inviables. La consecuencia es clara: miles de ciudadanos quedan marginados de participar en la vida democrática de su país, no por falta de voluntad, sino por falta de acceso. 

Durante años, colectivos de chilenos en España, destaca el trabajo constante de mujeres organizadas, han enviado cartas al Servicio Electoral de Chile (SERVEL), a consulados y al Ministerio del Interior. Han entregado cifras, planos, propuestas, incluso itinerarios posibles para mesas de votación itinerantes en ciudades estratégicas como Málaga, que permitirían cubrir a gran parte del sur de España. La respuesta ha sido el silencio o el argumento de que “no es necesario” según encuestas de hace más de una década. 

La propuesta más sólida y de mayor consenso hoy es avanzar hacia el voto electrónico y/o postal. Sí, requiere inversión inicial, sí, implica desafíos de seguridad informática. Pero hablamos de una medida de una sola implementación, que abriría la puerta a la participación plena de chilenos en el exterior, no solo en España, sino en el mundo entero, pero también a esos compatriotas que viven alejados de las ciudades, que están en zonas extremas de nuestro país, muchos caminan kilómetros para ejercer su derecho. Si proyectamos hacia el 2030, el costo se diluye frente al beneficio histórico de garantizar   inclusión democrática. La tecnología existe, la voluntad ciudadana también. Falta la decisión política. 

Porque el voto no es un privilegio, es un derecho. Y mientras miles de chilenos deban viajar diez, doce, dieciséis horas para poder ejercerlo, no podremos hablar de una democracia verdaderamente accesible e inclusiva. Es hora de escuchar a la diáspora y de abrir las urnas, ya no solo en edificios oficiales lejanos, sino en la vida cotidiana de quienes, aunque estén lejos de Chile, siguen soñando con un país más justo, más participativo y más democrático. 

*David Eleazar Ramírez Carmona, Licenciado en Trabajo Social 

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